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Un juez puso ayer en jaque al gobierno de Farmers Branch, prohibiendo aplicar un reglamento que, a partir de hoy, obligaría a los arrendatarios a exigir pruebas de ciudadanía o residencia legal a sus inquilinos.

La orden del juez de Dallas Bruce Priddy bloquea el reglamento por lo menos hasta el 22 de enero, fecha en la que habrá una audiencia para debatir si la ciudad debe desistir de su plan hasta que la demanda que interpuso Guillermo Ramos vaya a juicio.

Ramos demandó a Farmers Branch argumentando que los concejales aprobaron el reglamento el 13 de noviembre con discusiones en privado que violaron el Acta de Reuniones Públicas de Texas.

[an error occurred while processing this directive] La decisión provocó júbilo entre críticos de la ordenanza y fue un acontecimiento relativamente inesperado.

Ayer, un grupo de más de 30 comerciantes acudió a otro juzgado a interponer la cuarta demanda contra Farmers Branch, enfocada en los daños económicos causados a raíz del ambiente hostil generado por la ordenanza.

"Es un gran paso en el camino para revertir la ordenanza", dijo Ramos. "Nos vamos a reunir con la gente de los departamentos. Les vamos a pedir que aguanten".

William Brewer III, socio de Bickel & Brewer Storefront, el bufete de abogados que representa a Ramos y a tres complejos de departamentos que también demandaron a Farmers Branch, compartió la satisfacción.

"Creemos que los miembros del concejo discutieron y deliberaron las ordenanzas durante semanas, intercambiaron borradores e hicieron otras cosas, todo a escondidas. Fue un desdeño intencional de la responsabilidad que exige el Acta", dijo Brewer.

Según declaraciones juradas adjuntas al expediente de la demanda de Ramos, el alcalde Bob Phelps le dijo a un ciudadano que dos concejales pensaban votar contra la ordenanza, pero el concejal Tim O'Hare los presionó para cambiar su voto.

Phelps negó haberle hecho tales comentarios al ciudadano Tony Salerno.

O'Hare negó haber presionado a sus compañeros y se declaró tranquilo ante la decisión del juez.

"Esta orden sólo tiene vigencia hasta que se lleve a cabo la audiencia. Voy a confiar en la sabiduría del juez y espero que en la audiencia del 22 de enero la orden se deseche y la voluntad del pueblo de Farmers Branch pueda ser aplicada", dijo O'Hare.

Para Reyna Figueroa, dueña del restaurante Izalco de la calle Josey Lane, en Farmers Branch, la decisión tiene un sabor agridulce.

Está contenta, pero siente que el daño ya está hecho: pocos lativisitan Farmers Branch.

"Para la hora de comida, nadie llegó al restaurante", lamentó.

Figueroa es parte del grupo de 31 comerciantes que demandaron al municipio por los perjuicios causados por la ordenanza.

Patricia González, dueña de Taquería Las Regias, responsabiliza a la ciudad por sus pérdidas. Ella invirtió más de 47,500 dólares en un negocio que podría irse a la quiebra.

"Veo como cae el negocio día a día", dijo González, también parte del grupo de demandantes que interpusieron el proceso ante el juez federal Joe Fish.

El activista Carlos Quintanilla informó que los demandantes no sólo son hispanos, sino árabes, pakistaníes, de la India, coreanos y vietnamitas.

Quintanilla advirtió que los activistas proinmigrantes inundarán a Farmers Branch con demandas hasta que caiga laordenanza.

El empresario Rafael Manrique de Lara dijo que fue a la oficina de Nelson en representación de negocios de plomería y jardinería.

Según Manrique, los empleados se rehúsan a ir a trabajar a Farmers Branch.

"Los trabajadores nos dicen que les da miedo", afirmó.

La demanda de Ramos fue la primera que se presentó contra Farmers Branch.

A su queja le siguieron las de los complejos de departamentos, que argumentan que la medida los obliga a convertirse en agentes de inmigración y les impone obligaciones que no podrán cumplir.

La tercera demanda es de Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Con información de The Dallas Morning News.

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